La pobreza laboral sigue lastrando la calidad de vida en España. Y es que trabajar no siempre es sinónimo de bienestar, de salud y de igualdad.
Ante esta realidad, destacamos la importancia del estudio ‘Pobreza laboral, cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes‘ de Oxfam Intermón.
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La pobreza laboral sigue lastrando la calidad de vida en España
El crecimiento económico y el aumento del empleo en España no han logrado reducir la pobreza laboral. A pesar de tener trabajo, muchas personas no pueden llegar a fin de mes.
Los sectores más afectados son la agricultura y el trabajo doméstico, con 3 de cada 10 personas en situación de pobreza.
Las madres solteras y los hogares con tres o más hijos también sufren especialmente esta realidad, ya que no pueden cubrir las necesidades básicas.
Personas y hogares en la pobreza
La precariedad laboral, jornadas parciales no deseadas y salarios bajos impiden que estas familias salgan de la pobreza.
Esta realidad pone de manifiesto que existen problemas estructurales que no están resueltos y urge que se aborden bajo un enfoque integral con mirada de largo plazo.
Las debilidades del sistema productivo afectan a condiciones laborales y sectores económicos, pero, sobre todo, afectan a personas y hogares.
Débil tejido productivo y características del mercado laboral
Uno de esos problemas estructurales es la pobreza laboral. La generación de empleo se asienta, en algunos casos, en la precarización de muchas personas trabajadoras como consecuencia del débil tejido productivo de la economía española y las características del mercado laboral.
Solo así se explica que España viva de forma crónica con tasas de pobreza laboral de más del 10% y que casi una de cada tres personas en situación de pobreza esté trabajando.
No obstante, no hay una única variable que explique la pobreza laboral en España, sino que son un conjunto de variables de diferente naturaleza que determinan esas realidades:
Demográficas
Edad, nivel de estudios, lugar de residencia y país de nacimiento.
En función del sector de actividad
Agricultura, construcción, hostelería, trabajo del hogar, entre otros.
De carácter laboral
De jornada (jornadas completas frente a parciales) y tipo de ocupación (personas
asalariadas frente a autónomas).
Del hogar
Tamaño del hogar, número de personas adultas, número de menores, entre otros.
Todas ellas interaccionan entre sí agravando el impacto de la pobreza laboral.
Pobreza laboral y personas de mayor edad
Si nos fijamos en las variables de carácter sociodemográfico, hemos constatado que la pobreza laboral afecta más a las personas de mayor edad.
Las personas mayores de 50 años (tasa de pobreza laboral del 12,2%), cuyos empleos tradicionales desaparecieron en la Gran Recesión, no se han podido recualificar y encuentran más dificultades para encontrar trabajos dignos en la que debe ser su última etapa laboral antes de la jubilación.
Niveles formativos más bajos
Otra variable de carácter demográfico que explica la pobreza laboral es el nivel de estudios. Afecta más a los niveles formativos más bajos (tasa de pobreza laboral del 20% entre personas con estudios primarios, cuatro veces más que entre la población con estudios superiores).
Encontramos, por tanto, que las personas con menor nivel de estudios solo encuentran oportunidades laborales en los sectores menos cualificados, en los empleos más precarios, que les abocan a la pobreza laboral.
Reforma de las Políticas Activas de Empleo (PAEs) y Garantía Juvenil (GJ )
Ambas problemáticas (el bajo nivel de estudios y la baja cualificación entre personas trabajadoras de más de 50 años) pueden resolverse afrontando la reforma de las Políticas Activas de Empleo (PAEs) y la Garantía Juvenil (GJ ) que contempla la Ley 2/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
Y aplicando la Resolución del Consejo de la Unión Europea sobre un nuevo plan europeo de aprendizaje de adultos 2021-2030 y la recomendación del Consejo de la Unión Europea 2022/C 243/03 relativa a las cuentas de aprendizajes individuales.
Formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo
Las PAEs deben mejorar atendiendo a la evidencia que pone el foco en la mejora de la tutorización y orientación, ofreciendo formaciones integrales ajustadas a las necesidades del mercado de trabajo y la realidad de cada caso.
Las PAEs no solo deben llegar a las personas desempleadas, también deben contribuir a la formación continua de las personas con empleo, permitiendo que aquellas personas con trabajos precarios se recualifiquen y puedan acceder a trabajos con mejores condiciones.
Atajar la baja formación de la juventud
A su vez, GJ es la única salvaguarda para aquellas personas jóvenes que abandonaron sus estudios.
Atajar la baja formación de la juventud en el presente, antes de que esta se cronifique con el paso del tiempo, es la mejor herramienta contra la precariedad y la pobreza laboral del futuro.
La España vaciada, la más vulnerable
A nivel territorial, en algunas zonas del país, la pobreza laboral evidencia las debilidades del modelo productivo español basado en el sector servicios de poco valor añadido. Existe más pobreza laboral en entornos poco poblados que en zonas urbanas, siendo la España vaciada la más vulnerable.
Por comunidades autónomas se constata que existe mayor pobreza laboral en Andalucía, Extremadura, Castilla–La Mancha, Murcia, Canarias y Valencia que en el resto del país. Regiones donde las ocupaciones que más sufren la pobreza laboral (agricultura, hostelería, construcción) tienen mayor peso en el tejido productivo.
La reflexión sobre el modelo productivo y las necesidades de inversión de la economía española deben tener en cuenta la situación de cada territorio, asegurando que las oportunidades que se derivan de las transiciones ecológica y digital lleguen con más fuerza a las zonas más vulnerables.
La pobreza laboral y el país de nacimiento
Sin embargo, la variable demográfica más determinante a la hora de comprender la pobreza laboral es el país de nacimiento.
La pobreza laboral afecta más a quienes no han nacido en España, especialmente a aquellas personas procedentes de fuera de la Unión Europea.
Si bien las personas migrantes se verían beneficiadas por las reformas legales del mercado de trabajo o las PAEs, creemos que son necesarias medidas específicas para este colectivo, dado que triplica la tasa de pobreza laboral respecto a la media nacional.
Sectores de actividad más precarios
Cuando se cruza la variable origen con las variables laborales nos encontramos que las personas migrantes están ocupadas con mayor frecuencia en alguno de los sectores de actividad más precarios, como son la agricultura o el trabajo del hogar.
Es especialmente preocupante la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar. En este sector de actividad la pobreza laboral afecta a tres de cada diez personas y está atravesado por las desigualdades de género y, también, de origen.
Hay avances en torno al proceso de trasposición del Convenio 189 de la OIT y el desarrollo reglamentario previsto en el RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
Garantizar plenos derechos laborales
Pero es necesario seguir avanzando en el desarrollo normativo que permita garantizar plenos derechos laborales para este colectivo de trabajadoras.
Entre diferentes medidas, es necesario equiparar los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras de hogar a la situación del resto de las personas asalariadas con relación a:
- indemnizaciones por despido,
- control de los límites de jornada laboral,
- reconocimiento de las horas extraordinarias,
- protección frente a las agencias de colocación y empresas de servicios y plataformas,
- o la puesta en marcha de un sistema de cotización para la jubilación según el salario real, entre otros aspectos.
Personas migrantes trabajadoras agrícolas
También son alarmantes las situaciones de explotación, vulneración de derechos y falta de acceso a servicios básicos que viven las personas migrantes trabajadoras agrícolas.
Tal y como relatamos en Esenciales, pero invisibles y explotadas, las personas migrantes que trabajan en este sector enfrentan:
- mucha inestabilidad,
- contratos de corta duración que pueden ser rescindidos fácilmente por el mal tiempo o enfermedades,
- sin cobrar horas extras,
- con salarios inferiores al mínimo interprofesional
- y detrayendo del sueldo cantidades exorbitantes por servicios básicos.
Ante la necesidad de asegurar sus derechos laborales resulta imperativo trasponer la Directiva Europea de Debida Diligencia y Sostenibilidad de las Empresas sin demora, fortaleciendo elementos de la misma para garantizar su eficacia a favor de las personas y el planeta.
Ausencia total de derechos
Además, en muchas ocasiones la pobreza laboral que sufren las personas migrantes se deriva de la total ausencia de derechos legales por su situación de irregularidad, trabajando sin contrato y, por ello, expuestas más que nadie a la explotación laboral.
Es necesario acabar con la discriminación que sufren las personas migrantes en el mercado laboral.
Para ello, es imprescindible aprobar la Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, conforme a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada por más de 900 colectivos y organizaciones muy diversas y más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas.
También hay que acelerar la homologación y convalidación de titulaciones obtenidas en el extranjero, dado que el no reconocimiento de estas condena a muchas personas migrantes a la sobrecualificación laboral y el trabajo precario.
Jornada parcial y trabajo autónomo
De acuerdo a las características del mercado laboral, el informe señala que una de cada cuatro personas con contratos a jornada parcial y personas con trabajo autónomo sufren pobreza laboral, más del doble que quienes trabajan a tiempo completo y como asalariadas.
Para combatir la pobreza laboral que provocan las jornadas parciales es necesario atajar la parcialidad no deseada y las jornadas parciales que, por abuso de horas extra, son de facto jornadas casi completas, pero sin la cobertura total de derechos.
Por ello, es urgente cumplir con la obligación que tiene el Estado español de trasponer de forma garantista para con las personas trabajadoras con contrato parcial, la normativa europea recogida en la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.
Necesidad urgente de adaptación del ordenamiento jurídico español
España tiene el mandato legal de adaptar al ordenamiento jurídico español esta norma antes del 15 de noviembre de 2024.
Después de esta fecha nos exponemos como país a ser sancionados por no dar la protección necesaria a las personas trabajadoras con contrato parcial.
Trasponer la Directiva europea para causificar las condiciones y necesidades de las contrataciones parciales. Y habilitar un mecanismo para consolidar las horas complementarias frecuentes de quienes tienen jornadas parciales.
Todo esto podría ayudar a reducir con rapidez la pobreza laboral en este colectivo dado que, al convertirse su contrato en uno a jornada completa, se incrementarían y estabilizarían sus ingresos.
Emprendimiento y realidades precarias
En la misma línea, hay que señalar que la pobreza laboral que afecta a las personas autónomas es producida por la falta de protección y derechos laborales que sufre gran parte de este colectivo.
Detrás del ideal del emprendimiento se esconden realidades precarias, vulnerables, personas que optan por el autoempleo precario ante la imposibilidad de encontrar un contrato digno.
Por ello, es importante escuchar a las organizaciones del trabajo autónomo para que estas sean partícipes de las reformas que necesita el sector para garantizar una protección social igual a la que disfrutan las personas asalariadas.
Sistema de cotizaciones por ingresos reales
En este sentido, avanzar hacia un sistema de cotizaciones por ingresos reales, reconocer el derecho al subsidio de desempleo o habilitar ayudas para el pago del alquiler de locales y afrontar el coste de suministros como la luz, es esencial para que la escalada de precios no ponga más presión en la sostenibilidad de sus proyectos de trabajo.
Analizando el fenómeno a través de la variable de “tipo o sector de actividad”, destacan también por sus altos niveles de pobreza ocupaciones con mucha precariedad, como son la construcción o la hostelería, que se suman a la agricultura y el trabajo del hogar previamente mencionados.
A corto plazo, las medidas sobre la reforma de la contratación parcial ya descritas mejorarán su situación laboral, pero no suponen una solución estructural.
Invertir, mejorar y transformar el tejido productivo español
Es igualmente importante que haya una agenda país orientada a invertir, mejorar y transformar el tejido productivo español, incorporando en dicha transformación las oportunidades de la transición ecológica y digital y teniendo en cuenta la economía del cuidado.
Sin este tipo de medidas de carácter estructural y de medio y largo plazo, no se logrará hacer frente al conjunto de causas que hay detrás de la pobreza laboral.
Por último, en cuanto a la variable de cómo están conformados los hogares, la pobreza laboral aumenta considerablemente cuando se incrementa el número de menores en el hogar y disminuye cuando crece el número de personas adultas en los hogares.
Aunando ambos factores determinantes de la pobreza laboral (pocas personas adultas y menores en el hogar) se encuentran los hogares monoparentales, donde convive una única persona adulta y menores (en el 75% de esos hogares la persona adulta es una mujer) que sufren también elevadas tasas de pobreza laboral.
Pobreza infantil
La pobreza infantil, actualmente afectando al 28,5 % de niños y niñas de España, no puede esperar a que mejoren las condiciones laborales.
Por eso es necesario desarrollar la protección a la infancia. Se ha comprobado que, por cada menor en el hogar, es necesario incrementar la renta en 275 euros al mes para evitar que el hogar se sitúe por debajo del umbral de la pobreza.
Por eso, las ayudas a la infancia deben converger hasta esa cantidad para asegurar que se reduce la pobreza infantil mientras se implementan las fórmulas que mejoren el empleo en España.
El papel de las prestaciones contra la pobreza infantil
Del mismo modo que las ayudas a la infancia son fundamentales para atajar la pobreza infantil derivada de la precariedad laboral, es necesario reflexionar sobre el papel que deben jugar las prestaciones para acabar con la pobreza laboral y, más concretamente, sobre la compatibilidad de estas con el empleo.
En España, actualmente, la compatibilidad de estos dos elementos es escasa, con algunos ejemplos en las rentas de garantía de ingresos autonómicas en Euskadi y Navarra o, en algunos supuestos, el Ingreso Mínimo Vital.
Sin embargo, estos no son programas específicos orientados a complementarlos salarios con prestaciones, por lo que su alcance y presencia representa solo una mínima parte del conjunto del sistema de protección social en España.
Por el contrario, mecanismos que compatibilizan salarios y prestaciones sí existen en el 75% de los países de la OCDE, de forma que en esos estados el sistema de protección complementa los bajos salarios con el objetivo de reducir la vulnerabilidad laboral.
Por ello, ante la cronificación de la pobreza laboral en España, que no ha estado por debajo del 10% desde que hay registros, se vuelve necesario reflexionar sobre este tipo de propuestas en el marco de
la mejora del estado de bienestar.
No hay una respuesta única para combatir la pobreza laboral
Estas conclusiones llevan a destacar que no hay una respuesta única para combatir la pobreza laboral, sino que se debe afrontar con diferentes políticas públicas que respondan a la heterogeneidad de perfiles que viven la desigualdad, con mirada de corto y largo plazo.
Es necesario mejorar la protección a las personas trabajadoras y la calidad de los empleos, pero también la empleabilidad de quienes tienen una baja formación.
Y es urgente resolver la situación de discriminación que sufren las personas migrantes en nuestro país. Es urgente, además, garantizar la protección social a la infancia. Tener menores a cargo no puede ser una situación que conduzca a ningún hogar a la pobreza.
Por último, es necesario afrontar inversiones y reformas estructurales que sirvan para fortalecer y ampliar el tejido productivo de España, incorporando las oportunidades que pueden brindarnos la transición ecológica y digital.
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